Venezuela: Defender el medio ambiente

Venezuela: Defender el medio ambiente

Por Mario Hubert Garrido*

Caracas (PL) Plantar 800 árboles, la más reciente sanción del Ministerio Público de Venezuela a un ciudadano por daños ecológicos, además de aleccionadora, no es un hecho aislado, forma parte de una política pública por defender el cuidado del medio ambiente.

La afectación ocurrió el pasado 9 de marzo en la zona protectora del río Quebradón, municipio Tulio Febres, en el estado de Mérida, cuando José Benedicto Guerrero decidió entrar a ese territorio con una maquinaria pesada.

En la audiencia, el fiscal con competencia en materia de defensa ambiental, ratificó la acusación por la comisión de varios delitos, entre ellos ocupación ilícita en áreas naturales protegidas.

También le impugnó aprovechamiento de especies del patrimonio forestal y contravención de planes de ordenación del territorio, previstos en la Ley Penal del Ambiente.

Ante la admisión de los hechos, el Tribunal de Control de la referida jurisdicción acordó la suspensión condicional del proceso e impuso al hombre la ejecución de un plan de repoblamiento forestal de 800 especies, entre ellas el cedro.

El cumplimiento de esa sanción será supervisado por el Ministerio para el Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda.

De manera adicional, Guerrero asistirá a charlas ambientales.

Como en otros casos, la intervención de la Guardia Nacional en estos vastos territorios de la geografía venezolana, en particular los Parques Naturales, ha permitido detectar diversas violaciones de la legislación vigente.

En este caso, Guerrero abrió una vía de penetración agrícola sin la debida autorización y con las consiguientes afectaciones a la madre naturaleza.

OTROS DELITOS SANCIONADOS 

En noviembre último, la Fiscalía logró que se le impusiera plantar 900 árboles a nueve hombres, quienes admitieron que tres meses antes y de manera ilegal extrajeron arena de la quebrada El Pajón, municipio Sucre, en el estado de Yaracuy.

En la vista, el fiscal encargado del caso ratificó la comisión de los delitos de contravención de planes de ordenamiento del territorio y extracción de minerales no metálicos, previstos en la Ley Penal.

Entre otras sanciones, los implicados elaborarán murales ecológicos relacionados con la protección y defensa del ambiente.

De otra parte, en los primeros días de diciembre de este año, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, informó que el Parque Nacional Canaima, de unos 30 mil kilómetros cuadrados en el norteño estado venezolano de Bolívar, fue declarado territorio libre de minería ilícita.

Padrino precisó que suman 269 campamentos desmantelados, mediante la denominada Operación Roraima de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), activada en abril último.

Operaciones de la Aviación Militar, la Armada, el Ejército y Fuerzas Especiales desarticularon en esas bases los grupos que explotaban los territorios con el consiguiente daño ecológico, combatidos por una ofensiva ordenada por el presidente del país, Nicolás Maduro, dijo el funcionario.

Asimismo precisó que la infiltración aerotransportada y fluvial de esa fuerza aseguró el área y procedió a inutilizar los medios con que grupos de delincuentes extraen oro, diamantes y otros minerales valiosos, entre ellos 27 bombas extractoras, cuyo funcionamiento daña el lecho de los ríos y el manto freático.

Comunidades indígenas de la región colaboraron con los militares en esta operación en cumplimiento de lo establecido en la Constitución respecto a la cooperación entre el pueblo y las FANB de defender conjuntamente esas riquezas naturales y preservar el medio ambiente.

Los sedimentos contaminantes de la minería ilícita se acumulan en las corrientes y dañan además las aguas del turbinado de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, cuya energía abastece a gran parte del país y una parte de ella es vendida al fronterizo Estado de Brasil, explicó Padrino.

LA LEY Y EL MEDIO AMBIENTE 

Como pocas naciones de la región, desde el 2 mayo de 2012 (Publicada en Gaceta Oficial No 39,913) Venezuela cuenta una Ley Penal del Ambiente que prevé diversas sanciones a los infractores.

Más allá de la prisión, arresto o multas, en el artículo 6 de esa legislación, sobre sanciones accesorias, el país concibe la ejecución de servicios ambientales a la comunidad afectada.

Esos servicios, señala el texto, van desde trabajos y financiamiento de programas o proyectos ambientales hasta la ejecución de obras de recuperación de áreas degradadas.

También señala la asistencia a cursos, talleres o clases de educación y gestión ambiental, 

Todas esas medidas educativas responden a lo que subraya la propia Constitución de la República-que acaba de cumplir 15 años de aprobada por el pueblo- en particular la obligación de conservar el equilibrio ecológico y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado.

En su Capítulo IX, sobre Derechos Ambientales, también la Carta Magna establece que es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro.

Además señala que el Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica.

Tras cumplir las sanciones accesorias impuestas, Guerrero, aquel infractor con la maquinaria pesada en el estado de Mérida, de seguro comprenderá mejor estos asuntos vitales para Venezuela, la región y el planeta.

* Corresponsal Jefe de Prensa Latina en Venezuela.
Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3396811&Itemid=1
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